Los abogados de la familia de la periodista advierten sobre el peligro en la demora de la causa y requieren a la justicia que se cite a prestar declaración indagatoria a los involucrados.
La familia de Débora Pérez Volpin reclamó avances en la causa penal en la que se investiga si las autoridades de la empresa de medicina prepaga Galeno y directivos de La Trinidad encubrieron a los médicos Diego Bialolenkier y Nélida Puente, que participaron de la endoscopia que terminó con la vida de la periodista en febrero de 2018.
Se trata de los directivos Eduardo Cavallo y Roberto Martingano, el médico Sebastián Alfredo Cecchi Gallo, la instrumentadora Miriam Eliana Frías, la jefa de servicios Claudia Esther Balceda, el médico Sebastián Cecchi Gallo y la médica legista María Cristina Lavolpe.
El abogado de la familia Diego Pirota explicó en Arriba Argentinos que presentó una serie de medidas de prueba para que declaren los imputados en esta investigación, que es un desprendimiento de la principal.
Pirota pidió en su presentación que todos ellos sean citados a indagatoria, den explicaciones y “eventualmente se los procese por el delito de encubrimiento, cuanto menos”. En la denuncia por presunto encubrimiento la familia asegura que hubo “obstaculización” en la investigación de parte de la clínica y que entregaron un endoscopio diferente del que se usó en el estudio que terminó con la vida de la paciente.
También explicó que la pericia que ordenó la jueza María Fabiana Galletti sobre el endoscopio secuestrado en la clínica donde murió la periodista determinó que había sido adulterado y que conocieron el número de serie. Dijo además que en base a eso la magistrada pidió la intervención de la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica), el organismo que autoriza el uso de estos equipos en los sanatorios. Adelantó que la institución indicó, de acuerdo a información parcial, que el aparato “no está registrado en ningún lado» y que por lo tanto «no tenía autorización para ser usado”.
Por otra parte, en la presentación que hizo ante la Justicia también “se quejó” de la demora de la institución en dar “respuestas concretas” a los pedidos de la Justicia en relación al endoscopio secuestrado en el sanatorio.
“Se observa que el organismo continúa dilatando su respuesta concreta, a pesar de concurrir al Tribunal para exponer ciertas cuestiones generales sobre el procedimiento de control y registración de los equipos médicos que ingresan, y se utilizan, en el territorio argentino”, explicó el abogado.
Débora Pérez Volpin, periodista, conductora de Arriba Argentinos y legisladora murió el 6 de febrero de 2018 en el sanatorio La Trinidad de Palermo mientras le realizaban una endoscopia, estudio que le habían ordenado hacer después de que se presentara en el sanatorio por un dolor abdominal.
Por su muerte fueron juzgados Bialolenkier y Puente, en un proceso que estuvo a cargo de Javier Anzoátegui. El endoscopista fue condenado a tres años de prisión condicional y 7 años y 6 meses de inhabilitación para ejercer su profesión mientras que la anestesista fue absuelta.
