Crece la bronca dentro de la Legislatura de Tucumán con la decisión provincial de modificar un artículo en el que se favorece a los imputados en causas de violencia y/o asesinatos.
A través de una recomendación del Ministerio Público Fiscal, el gobierno de Juan Manzur tomó una polémica medida que ha generado reproches e indignación entre los ciudadanos, pero principalmente en las víctimas de casos de inseguridad y violencia de género que no podrán, entre otras cosas, solicitar la prisión preventiva para el agresor o asesino.
Según detallaron, el gobernador tomó la postura de vetar un artículo de la nueva ley a partir de un informe del Ministerio al asegurar que la medida «afecta las facultades del fiscal, exponiendo a graves afectaciones a las garantías de los imputados«. A partir de esto, el legislador que presentó el proyecto e impulsor del mismo, José María Canelada, salió al cruce.
«Juan Manzur ha decidido pararse del lado de los delincuentes como política de Estado«, deslizó y luego remarcó que «a las medidas coercitivas las otorga un juez, aquí no se busca avasallar decisiones judiciales sino que las víctimas las puedan requerir. Entre esas medidas, no se podrá solicitar la prisión preventiva, la prohibición de portar cualquier tipo de arma de fuego, la exclusión del hogar en los procesos por delitos cometidos en el grupo familiar, la vigilancia del imputado mediante dispositivo electrónico y la prohibición de acercamiento.
Si yo estoy en la calle, laburando tranquila, es porque la persona que nos puso una pistola en el pecho para robarnos los equipos está con prisión preventiva. Tenía 16 causas abiertas, una de homicidio.
Lo cuento porque, ahora, las víctimas ya no podremos pedir preventivas— ?Mariana Romero? (@MarianaR31) December 18, 2020
«Llama la atención que hayan decidido volcarse a hacer una férrea defensa de los derechos de los imputados», agrega Canaleda, que detalla que los juristas Caferatta Nores y Tarditti, son quienes señalan que «la razón principal por la que el Estado debe perseguir el delito es la necesidad de cumplir con su obligación de garantizar el derecho a la justicia de las víctimas».
En su continuación a la crítica contra el gobierno de Manzur reprocha que «el Ministerio Fiscal ha demostrado que no quiere dejar de tener el favor del Gobierno. Y el Gobierno, por primera vez se ha sincerado y ha demostrado que no le importan las víctimas«, a partir de una resolución contra las víctimas tras considerar que dicho artículo «ofrece herramientas que promueven la venganza».
Tucumán ha tenido innumerables casos donde la Justicia ha sido apuntada fuertemente y entre ellos se destacan los de Paulina Lebbos, donde la mayoría de los fiscales hizo uso de las facultades que señalan defender, dando la espalda a la familia e incluso uno de ellos está acusado de encubrir al asesino; el emblemático de Marita Verón, en el que su madre, Susana Trimarco, tuvo que enfrentar y desentrañar núcleos mafiosos en la más absoluta soledad o el de Paola Tacacho, donde seis fiscales intervinieron en las 13 causas penales que inició contra quien terminaría matándola.
