El Gobierno enfrenta un escenario complejo ante los reclamos por un cambio de rumbo y la necesidad de preservar los avances logrados.
Por Miguel Ángel Rouco
La caída pronunciada en la tasa de inflación en el último semestre calendario (marzo-agosto) revela que el control monetario y fiscal está dando resultados evidentes, por más que haya voces pugnando por abandonar la disciplina en el manejo de las cuentas del Tesoro y del Banco Central, en aras de una supuesta reactivación de la economía.
Los resultados en esta materia son asombrosos aún si se los compara con las mejores épocas de la Convertibilidad. Nunca en tan poco tiempo un gobierno logró alcanzar una baja de la inflación tan pronunciada como en el presente y, aunque es difícil afirmarlo, es dudoso que existan antecedentes en el mundo. El caso argentino será, en unos años, un caso de estudio académico.
Es cierto que aún falta bastante para alcanzar un estadio ideal, pero el fenómeno inflacionario parece cobrar más relevancia en el mundo con tasas crecientes en las principales potencias económicas, mientras que en la Argentina parece marchar en un sentido contrario.
También es cierto que la inflación es una condición indispensable para lograr el crecimiento económico, aunque no es suficiente.
El crecimiento económico no sólo depende de una tasa de inflación baja sino de variables como reglas de juego claras, una política de premios para la inversión y una presión fiscal soportable.
Y esto es lo que falta. Los sectores más críticos del gobierno sostienen que hace falta más laxitud monetaria para reactivar la economía, en especial, en sectores que se encuentran paralizados como consecuencia de la abrupta caída de la inflación.
Pero esas críticas olvidan que la falta de reglas de juego claras y una presión fiscal global asfixiante hacen imposible la llegada de nuevas inversiones.
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Nadie va a invertir en el país mientras existan impuestos como Ingresos Brutos y Sellos y tasas municipales —disfrazadas de impuestos— que amenacen al capital inversor.
Esas críticas de los sectores más ineficientes de la economía, que tapaban sus deficientes estructuras de costos y que vivían a expensas de las altas tasas de inflación, sumadas a la presión política de gobernadores e intendentes que viven a expensas de impuestos y tasas distorsivas, generan un abanico de inestabilidad y dudas sobre la marcha del plan económico.
Y mientras exista esto, no habrá nuevas inversiones. El gobierno más que nunca debe centrarse en llevar adelante un control de daños eventuales que amenazan la estabilidad económica y rechazar todas las presiones sobre programas que encubren flacidez monetaria y fiscal, hasta tanto las condiciones financieras cambien, algo que se presume que puede comenzar a ocurrir a partir del próximo año, cuando el complejo exportador energético aporte los dólares necesarios para no depender del financiamiento externo.
Las condiciones internacionales no son las mejores. De hecho, esta semana la Reserva Federal de los Estados Unidos (FED) debe resolver si ajusta su tasa de interés de referencia frente a la suba de inflación provocada por el aumento del precio del petróleo, lo cual hace menos viable la salida de la Argentina a los mercados de crédito.
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La decisión de la FED, tras su receso estival, se sumaría a lo decidido por el Banco Central Europeo (BCE) la semana pasada de ajustar su tasa testigo y llevarla al 2,5%.
En este vidrioso escenario se mueve la Argentina mientras aún debe resolver la inflación y llevarla a niveles de estándares internacionales, para lo cual debe mantener una rígida disciplina monetaria y fiscal, tanto a nivel nacional como provincial, aunque en este punto la asignatura está pendiente.
