En el escrito, la fuerza liderada por Cristina Kirchner apuntó contra los medios de comunicación y la Justicia.
El frente Unidad Ciudadana se expresó hoy luego de la detención de Amado Boudou. Expresaron que en la Argentina «el Gobierno del Presidente Macri está utilizando al Poder Judicial para perseguir a los dirigentes opositores. El objetivo de esta persecución judicial es precisamente atemorizar a los dirigentes de la oposición para que sean sumisos ante la segunda fase del ajuste que se busca implementar. Esta más que claro que la privación de la libertad del ex vicepresidente no tiene nada que ver con la causa por la que se lo investiga. Es una clara maniobra intimidatoria y extorsiva que tiene por objetivo disciplinar a los dirigentes sindicales y de la oposición política, especialmente a los legisladores, para que voten precarización laboral e impuestazo, que arruina economías regionales y encarece consumos populares».
Además, denunciaron «la delicada situación que atraviesa la democracia argentina, donde se ha vulnerado (o se ha terminado) el Estado de Derecho y la división de poderes.Estamos frente a una maniobra de disciplinamiento como pocas veces se ha visto en la historia de nuestro país. Intento de disciplinamiento a todos los dirigentes políticos, gremiales y funcionarios de la justicia que puedan llegar a intentar oponerse o detener el programa de ajuste económico que intenta implementar el gobierno nacional». Y enumeraron otros funcionarios que «el Poder Ejecutivo Nacional ha logrado correr de su cargo» en la última semana, como la Procuradora General de la Nación Dra. Alejandra Gils Carbó, además de «haber suspendido a uno de los únicos jueces que se atrevió a fallar contra el brutal tarifazo en servicios implementado desde el año pasado», haciendo referencia a Luis Arias, Juez en lo contencioso de La Plata.
Por otro lado, apuntaron nuevamente contra algunos medios de comunicación: «En otra clara muestra de apriete y amenazas a los representantes de los trabajadores, hoy el diario Clarín admite que el propio presidente Macri amenazó mediante dos de sus ministros a un importante dirigente sindical con ir preso, en caso de no apoyar la reforma laboral que el gobierno nacional intenta implementar en nuestro país». Y puntualmente contra el magistrado que ordenó la detención de Boudou, Ariel Lijo: «Es el mismo juez que está investigando la causa del Correo Argentino, en la cual está imputado el actual Presidente de la República, Mauricio Macri, y su familia, como dueños de la empresa SOCMA, que tiene una deuda de 70.000 millones de pesos con el Correo Argentino que el propio jefe de Estado intentó auto perdonarse. Mauricio Macri está imputado en esa causa por administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con la función pública. Por derivaciones de ese expediente, renunció un Procurador del Tesoro y un presidente del Banco Nación por dictámenes que no favorecían a la empresa del Presidente».
