Pese a la medida, distintos sectores sociales anticipan nuevas jornadas de reclamo.
El Gobierno de Bolivia anunció que enviará a la Asamblea Legislativa Plurinacional un decreto para extender durante otros 90 días el estado de excepción vigente desde hace casi tres meses. La medida, que vence en seis días, busca anticiparse a nuevas movilizaciones sociales vinculadas con la escasez de combustibles, la falta de dólares y el aumento de los precios.
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, confirmó que el Ejecutivo impulsará la prórroga y aseguró que existe respaldo tanto entre sectores de la sociedad como dentro del Parlamento. “Vamos a presentar un decreto ante la Asamblea Legislativa para ampliar el estado de excepción”, señaló el funcionario, quien indicó que una comisión legislativa también promovió una iniciativa en el mismo sentido.
La legislación boliviana establece que, una vez finalizado un estado de excepción, no puede declararse otro de características similares durante un año. La única posibilidad para mantener la medida antes de ese plazo es obtener una autorización expresa de la Asamblea Legislativa, por lo que el Ejecutivo deberá avanzar con el tratamiento parlamentario.
El estado de excepción fue establecido el 20 de junio por el presidente Rodrigo Paz, después de una serie de bloqueos de rutas que se extendieron durante 53 días y afectaron distintas zonas del país. Las protestas fueron impulsadas por organizaciones campesinas y la Central Obrera Boliviana, con respaldo de sectores vinculados al expresidente Evo Morales, y dejaron al menos 16 muertos y pérdidas económicas superiores a los 3.000 millones de dólares.
La posibilidad de una nueva ola de movilizaciones llevó a la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados a respaldar la extensión. Entre los sectores que anunciaron medidas se encuentran transportistas, vendedores informales, docentes y productores de coca, quienes reclaman respuestas frente a la falta de combustible y divisas.
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Dentro del Parlamento existen posiciones contrapuestas. Mientras la oposición cuestiona la utilidad de mantener la medida y reclama soluciones económicas, desde el oficialismo sostienen que es necesaria para garantizar la seguridad en las calles y brindar previsibilidad a quienes desarrollan actividades comerciales y productivas. También las organizaciones empresariales respaldaron la prórroga y reclamaron una legislación nacional contra los cortes de rutas.
Si la Asamblea aprueba la extensión, el estado de excepción permanecería vigente hasta fines de 2026. Ese período coincidiría con el plan anunciado por el Gobierno para eliminar completamente los subsidios a los carburantes, una decisión vinculada al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para acceder a un crédito de 1.900 millones de dólares.
El Ejecutivo enfrenta además otros problemas estructurales, como la caída de la producción de hidrocarburos, las dificultades para importar combustibles y productos, la escasez de divisas y el avance de la inflación. La analista Jimena Costa consideró que la medida permitió contener las protestas, pero advirtió que el Gobierno llega a esta instancia con una situación política más debilitada y sin haber resuelto las principales demandas sociales.
