La iniciativa del Gobierno promete dar un tenso debate en el Congreso y buscar responder a la reiteración de delitos cometidos por adolescentes.
El Gobierno nacional se prepara para abrir un debate de alto impacto político e institucional: la modificación del régimen penal juvenil y la reducción de la edad de imputabilidad. El proyecto que la administración libertaria pretende llevar al Congreso apunta a reemplazar el decreto-ley 22.278, vigente desde 1980, que establece la intervención penal a partir de los 16 años y considera inimputables a los menores de esa edad.
La iniciativa propone fijar un nuevo umbral en los 14 años, con la posibilidad de llevarlo a 13 si el oficialismo logra reunir los votos necesarios.
El objetivo declarado es dejar atrás una normativa sancionada durante la última dictadura militar y responder a la reiteración de delitos cometidos por adolescentes, un fenómeno que volvió a instalar el tema en la agenda pública. Aunque el debate se repite desde hace más de cuatro décadas, nunca logró traducirse en una reforma concreta.
La comparación regional y europea
Entre los principales argumentos del Gobierno aparece la comparación con otros países, tanto de América Latina como de Europa, para sostener que la legislación argentina quedó desactualizada. Mientras en Argentina la edad mínima para la actuación de los jueces penales se mantiene en 16 años, varios países de la región adoptaron límites más bajos.
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Brasil redujo la edad a 12 años con el Estatuto del Niño sancionado en 1990, el nivel más bajo entre los países limítrofes. Uruguay fijó el umbral en 13 años en 2004; Chile lo estableció en 14 en 2005, y Paraguay adoptó ese mismo límite en 1997.
En Europa, los criterios son diversos. El Reino Unido admite la responsabilidad penal desde los 10 años, apoyado en la Common Law. El antecedente más citado ocurrió en 1993, cuando Jon Venables y Robert Thompson fueron condenados por el secuestro y asesinato de un niño de dos años. Ambos fueron juzgados como adultos y sentenciados a detención indefinida, aunque recuperaron la libertad a los 18 años bajo nuevas identidades. En Francia, la edad mínima es de 13 años, mientras que en España, Alemania e Italia se ubica en 14.
Estados Unidos y el antecedente de Florida
En Estados Unidos, el régimen varía según se trate de delitos federales o de competencia estatal. A nivel nacional, la edad mínima ronda los 11 años, pero en algunos estados puede ser aún menor. Florida es uno de los casos más extremos: allí, el límite puede descender hasta los siete años.
Entre 2021 y 2022, más de 2.000 niños de entre 5 y 12 años fueron arrestados en ese estado, lo que generó fuertes cuestionamientos. La polémica se intensificó tras la difusión de un video en el que dos policías esposaban a una niña afroamericana durante un episodio de indisciplina escolar. El caso derivó en la sanción de la ley Kaia Rolle, que restringió el accionar policial.
La norma establece que un menor solo puede ser arrestado, procesado o declarado culpable si comete una “felonía con uso de fuerza”, una categoría que incluye delitos como asesinato, agresión sexual, robo a mano armada, secuestro y uso o exhibición de armas de fuego, varios de los cuales el Gobierno argentino busca incorporar al nuevo régimen penal juvenil. En todos los casos, la fiscalía debe probar que el menor tenía capacidad mental para comprender sus actos.
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Dos procesos judiciales se convirtieron en emblema de este enfoque. Jeremiah Hill fue juzgado como adulto a los 13 años por homicidio y condenado a 40 años de prisión. En tanto, Cristian Fernández, de 12 años, enfrentó inicialmente la posibilidad de cadena perpetua por el asesinato de su hermano de dos años. Tras un proceso controvertido, su defensa logró un acuerdo por homicidio involuntario y recibió sanciones dentro del sistema juvenil.
Con estos antecedentes sobre la mesa, el oficialismo buscará instalar en el Congreso un debate que promete dividir aguas y reabrir una discusión sensible sobre seguridad, derechos de la infancia y el alcance del sistema penal.
