La directora Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia, Gabriela Carpineti, elevó un informe a la Justicia exponiendo “la posibilidad” del suceso.
Una facción del Gobierno afirmó que el indulto presidencial sobre la líder de la Túpac Amaru, Milagro Sala, “es viable”. La directora Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia, Gabriela Carpineti, elevó un informe a la Justicia exponiendo “la posibilidad” del suceso.
“No caben dudas de que el “Caso Milagro Sala” es cuestión federal. Esto es así independientemente de que los hechos que le imputan hayan tramitado en la justicia provincial, dado que las cuestiones que se impugnan constitucional y convencionalmente no son los hechos por los cuales se la juzga a ella, sino los cometidos por sus juzgadores y persecutores. La cuestión federal está dada por el carácter político de su prisión, que no solo constituye violaciones reglamentarias sino crímenes de Estado”, argumentó Carpineti.
En ese sentido, la militante del Frente Patria Grande denunció la “criminalización” de la dirigente popular por parte del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y resaltó “la delicada situación de la provincia en materia de violaciones a los derechos humanos, específicamente en función de los procesos de criminalización persecutoria que se denunciaron en los últimos años-, de conjunto con distintos actores institucionales y civiles de nivel nacional y provincial”.
“Agotada la vía judicial interna con el reciente fallo de la CSJN que confirma la condena de la conocida causa ‘Pibes Villeros’-, sin motivación del Congreso Nacional de dar tratamiento al proyecto de intervención judicial de la provincia de Jujuy, sumado al agravamiento de las condiciones de salud de la condenada Milagro Sala, es menester la urgente decisión presidencial para hacer cesar los tormentos que tienen por víctima a Milagro Sala por motivos políticos”, remarcó.
Y amplió: “Las cuestiones excepcionales no cuentan con demasiada jurisprudencia, pero no es posible dar por decaída la necesidad de restablecer la ley en situaciones en las que se reconoce la existencia de presos políticos en la Argentina, lo cual no solo es inadmisible moralmente sino que acarrea consecuencias políticas y económicas para el Estado Argentino”.
Ante este contexto, el mandatario Alberto Fernández tiene más presión de aplicar la amnistía y les prometió a los piqueteros de la comunidad indígena “rever” el tema debido a que anteriormente había negado la opción del perdón.
Cabe recordar que Milagro Sala fue condenada a 13 años de prisión por corrupción, extorsión y fraude al Estado. La decisión la tomó la Corte Suprema de Justicia.