El Presidente invocó una ley de tiempos de guerra y planeaba trasladarlos a una prisión en El Salvador.
La Justicia argumentó que los detenidos no fueron informados adecuadamente sobre los planes de deportación, lo que vulneró su derecho a impugnar la medida. Solo dos jueces conservadores, Samuel Alito y Clarence Thomas, votaron en contra de la decisión.
La medida reafirma una decisión previa de la Corte, del 19 de abril, cuando ya había suspendido temporalmente las expulsiones desde un centro de detención en Texas. Aquella resolución respondió a un recurso presentado por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que representa a los inmigrantes en este caso.
A pesar de esa suspensión, el gobierno decidió continuar con los procedimientos de expulsión, esta vez amparándose en una antigua legislación. Los inmigrantes fueron acusados de pertenecer a la red criminal venezolana «Tren de Aragua«, y la administración intentó aplicar una política de 1798 que permite deportaciones rápidas en contextos considerados de emergencia o guerra. Esta norma también autoriza a omitir procesos judiciales ordinarios.
Sin embargo, la Corte Suprema sostuvo que los detenidos deben recibir una notificación “dentro de un plazo razonable y de forma adecuada” que les permita impugnar legalmente su expulsión. Además, el tribunal devolvió el caso a una corte de apelaciones para que se pronuncie sobre las cuestiones legales de fondo.
La resolución representa un revés importante para el presidente Donald Trump, quien busca endurecer su política migratoria y acelerar las deportaciones masivas, en línea con el enfoque que caracterizó su primera administración.
