Consideraron que viola las «garantías y principios constitucionales», además de considerar que se trata de una medida impositiva «confiscatoria».
El impuesto lanzado por el Frente de Todos a comienzos de 2020 dará mucho que hablar, y es que desde la Justicia correntina establecieron que es un gravamen «inconstitucional» y «confiscatorio». Con el juez Gustavo del Corazón Fresneda a la cabeza, se determinó también que dicha medida es “violatoria” del derecho de propiedad; principio de no confiscatoriedad; principio de razonabilidad y de capacidad contributiva.
En el fallo expedido, Fresneda sentenció que dicha ley «manifiesta inadmisible absorción de la renta y el patrimonio, ya gravados por Ganancias y Bienes Personales, excediendo los límites razonables de imposición y resultado confiscatoria y violatoria del derecho a la propiedad a la luz de la doctrina emanada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación».
Luego, continuó: «El examen minucioso de las constancias de la causa me conduce a la convicción cierta de que su aplicación conculca la garantía constitucional de inviolabilidad de la propiedad privada y afecta de manera inadmisible el principio de no confiscatoriedad, dado que quedó probado con la pericia y la documentación contable respaldatoria de modo concreto y categórico lo desmesurada que resulta la carga impuesta, y la misma restringiría de manera inadmisible su patrimonio y desnaturalizaría totalmente el derecho de propiedad del actor».
El revuelo inició luego de que Manuel Ulises Intra, productor ganadero, iniciara acciones en contra de la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP) por considerarse perjudicado ya que, por medio de un peritaje, expuso que el pago de este impuesto estaba ampliamente por encima de las rentas que hubiera tenido que pagar a lo largo del año completo.
Hasta diciembre de 2021, el total recaudado por parte de la AFIP por este medio fue de un total estimado en $237.300 millones, con 10.000 personas involucradas en su pago. De todas formas, la cifra fue mucho menor a la proyectada con anterioridad, que se situaba en los $400.000 millones.
