Jaime fue procesado por malversación de caudales públicos

El ex funcionario kirchnerista que está detenido desde abril de 2016 fue embargado en 100.000 pesos.

Ricardo Jaime (NA)

El juez Sebastián Casanello procesó a Ricardo Jaime, ex secretario de Transporte entre 2003 y 2009, por el delito de malversación de caudales públicos por haber utilizado un auto para cumplir sus funciones aunque tenía un destino diferente dentro del Estado.

Casanello firmó el procesamiento de Jaime, quien en una causa similar fue procesado por el mismo delito junto a Claudio Uberti, quien estuvo a cargo del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) hasta que fue eyectado del gobierno kirchnerista por el escándalo de la valija repleta de dólares del venezolano Alejandro Antoni Wilson.

En ambos casos se determinó que Jaime había pasado a usar un auto que estaba asignado a otra función dentro del Estado. El vehículo que le cedió el OCCOVI era de una empresa que tenía a su cargo la concesión de una autopista y que debía estar al servicio del control de esa ruta con peaje. Sin embargo, el automóvil de la empresa IECSA, propiedad de la familia Macri, estaba destinado al control de una obra pública ferroviaria que realizaba esa empresa.

El Volkswagen, Passat, patente FOX-299, propiedad de IECSA, había sido entregado a la Secretaría de Transporte, dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, de acuerdo al pliego de condiciones de la concesión otorgada a esa empresa para la obra «alteo del pedraplén del FFCC. Gral. San Martín en Laguna La Picasa – Sección Diego de Alvear – Aarón Castellanos (Provincia de Santa Fe)». El auto debía utilizarse para la supervisión de las obras adjudicadas mediante la licitación pública internacional 01/2005. Pero no fue así.

En la investigación por enriquecimiento ilícito de Jaime se determinó que el vehículo se había usado para algo diferente a lo que mandaba el pliego de licitación. Era el auto del secretario de Transporte. Y eso no se puede hacer. Está penado.

El delito por el que fue procesado Jaime (y antes también Uberti) está contemplado en el artículo 260 del Código Penal que establece que «será reprimido con inhabilitación especial de un mes a tres años, el funcionario público que diere a los caudales o efectos que administrare una aplicación diferente de aquella a que estuvieren destinados. Si de ello resultare daño o entorpecimiento del servicio a que estuvieren destinados, se impondrá además al culpable, multa del veinte al cincuenta por ciento de la cantidad distraída».

Fuente: Infobae

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