La oposición advierte que la aplicación CuidAR pide datos privados y tiene fallas de seguridad

Juntos por el Cambio denuncia que la aplicación, que será obligatoria en la provincia de Buenos Aires, requiere demasiada información de los ciudadanos.


Por Jaime Rosemberg para La Nación.

Un nuevo frente de conflicto se abrió entre el gobierno de Alberto Fernández y la oposición, en este caso en torno a la aplicación CuidAR Covid-19, asociada al nuevo certificado de circulación, anunciado por el Presidente el sábado y que el gobernador bonaerense Axel Kicillof se apresta a convertir en obligatorio.

Con el aval de la mesa nacional de Juntos por el Cambio, la extitular del Enacom, Silvana Giúdici , la diputada radical Karina Banfi (Buenos Aires) y otros dirigentes opositores cuestionaron que la aplicación -que tiene un autotest rápido sobre coronavirus- solicite como requisito imprescindible la ubicación y algunos datos del historial médico de cada solicitante, como antecedentes de cáncer o diabetes.

«No nos oponemos a la innovación, pero estamos en democracia y debemos respetar nuestros derechos», afirmó Giúdici a LA NACION . La exfuncionaria sostuvo que «la información médica de las personas no está reglada. Y nos oponemos al seguimiento obligatorio de las personas a través del GPS». Para la exdiputada radical, «debería ser optativo».

Ayer, el jefe de gabinete Santiago Cafiero detalló, a través de una serie de tuits, las particularidades de la aplicación, y definió que serán los gobernadores «quienes definirán la obligatoriedad del uso de CuidAR».

«Va a ser obligatorio en la provincia y aplicará en la zona del AMBA, no tiene sentido si no se hace de esa manera, y la idea es centrarnos en el transporte público», reiteraron a LA NACION funcionarios bonaerenses, incluyendo a la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, que aún no se expidió públicamente al respecto, pero que sí anunció que habrá cámaras de temperatura en las cabeceras de Retiro y Constitución, en coordinación con la provincia.

Banfi y especialistas informáticos de JxC se reunieron, hace diez días, con la secretaria de Innovación, Micaela Malcom, y le expresaron sus dudas sobre las «fallas de seguridad» de la aplicación, que ya se utilizó en el seguimiento de los casos sospechosos de coronavirus llegados del exterior, durante las primeras semanas de lucha contra la expansión de la pandemia.

«En dicha reunión las autoridades se comprometieron a realizar modificaciones en la visualización de los términos y condiciones de descarga, asegurando además que la misma NO sería obligatoria para los ciudadanos, que podrían instalarla en sus celulares de modo voluntario», afirmó la dirigencia opositora a través de un comunicado. «El uso de la aplicación, la falta de respaldo normativo para la exigencia de los datos, las fallas de seguridad detectadas en el diseño informático, o la eventual impericia en el manejo de los datos por parte del gobierno nacional u otras jurisdicciones provinciales o municipales podría poner en riesgo los derechos individuales de los ciudadanos», agrega el comunicado, que también firman Samanta Maida, Alberto Crovara y Juan Bebis.

«Si los infectólogos quieren seguir la trazabilidad del virus, es bueno que lo hagan, pero no con nuestros nombres y apellidos», agregó Giúdici. Cerca de Kicillof retrucaron con un detalle: recordaron que la administración macrista incluyó sistemas de geolocalización en la tarjeta SUBE, y adjudicaron «intención política» al reclamo contra el gobernador bonaerense.

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