El fiscal Di Lello investiga al ex juez por enriquecimiento ilícito y por la relación con dos supuestos testaferros.
El fiscal federal Jorge Di Lello intimó este jueves al exjuez Norberto Oyarbide a justificar en un plazo de 15 días hábiles su patrimonio, en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito, que incluye también a su ex pareja y a un presunto testaferro.
Di Lello lo hizo directamente notificando en su domicilio al exjuez, a su expareja Claudio Blanco y al contador Ariel Roperti, éste último sindicado como testaferro del magistrado.
Di Lello investiga el patrimonio de los antes mencionados al comienzo y cierre de cada año, entre 2010 y 2017, los ingresos y aplicaciones conocidas en todo el período, y la existencia, o no, de sobrantes o faltantes que pudieran coincidir con las diferencias patrimoniales en cada ejercicio.
Las inconsistencias que arroja el patrimonio de Oyarbide son los siguientes: en 2010 fue de 22.874,75 pesos; en 2011, de 28.281,82; en 2012, de 25.233,81; en 2013, de 9.569,14; en 2014, de 203.229,11; en 2015, de 466.423,68; en 2016, de 734.770,34; y en 2017, de 269.907,02.
En el expediente, el fiscal dejó asentado que Oyarbide registra «lujosas características de vida», que se «contraponen con los datos que de momento se recabaron sobre su patrimonio, el cual registra como única fuente de ingresos el sueldo mensual que recibía por desempeñarse» como magistrado.
En ese sentido, el fiscal recordó que el ex magistrado mostraba joyas Bulgari; cenas exclusivas en el restaurante El Mirasol y visitas frecuentes al spa Colmegna, sumado a gran cantidad de viajes al exterior que hizo, algunos de ellos con Blanco.
Todo se inició por una investigación patrimonial del fiscal de Saavedra, José María Campagnoli, a raíz de una nota periodística que aseguró que Oyarbide tenía artículos de lujo en un restaurante de Puerto Madero al que asistía con frecuencia, y luego se sumó otro expediente de hace más de 20 años en donde se comenzó a investigar el crecimiento patrimonial.
Oyarbide renunció a su cargo en 2016, rodeado por denuncias de mal desempeño y enriquecimiento ilícito y hoy cobra jubilación como exjuez.
