El viceministro de Justicia aseguró que no pueden ir a juicio por “capricho en términos políticos”

Juan Martín Mena afirmó que hubo “una feroz persecución judicial”  por la causa del memorándum con Irán. “Buscaba que, de una vez por todas, se produzca un avance positivo en la investigación del atentado contra la AMIA”, indicó.


Tras la audiencia del viernes donde los acusados por la causa que involucra el memorándum con Irán, los funcionarios, entre ellos Cristina Kirchner, pidieron la nulidad del caso por falta de pruebas en el Tribunal Oral Federal 8.

En ese marco, el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, sostuvo que “no podemos permitir ir a juicio” tras los reclamos de la oposición y apuntó que se realizó una “persecución judicial”.

“Como casi todas las partes que nos estamos defendiendo en esta causa, ayer pedimos nulidad. Además, en lo personal, pedí excepción por falta de acción, porque no constituye delito lo que se investiga. Sobre final de 2015 se produce la reapertura de la causa; es archivada por Rafecas, quien dijo que se fortalecía la inexistencia de delito”, afirmó el funcionario.

Mena sostuvo que “no podemos permitir es ir a juicio simplemente por un capricho en términos políticos. No están las condiciones para que se abra una causa penal”. La vicepresidenta se refirió de la misma manera ayer durante la audiencia donde afirmó que “la causa es un disparate”.

“La firma del Memorándum buscaba que, de una vez por todas, se produzca un avance positivo en la investigación del atentado contra la AMIA. El acuerdo no entorpecía para nada la investigación. Mantenemos las alertas rojas contra los iraníes y la causa sigue paralizada”, señaló en comunicación con Código F.

“La Comisión de la Verdad, según lo que se firmó, iba a emitir recomendaciones no vinculantes. Por ende, el informe que hubiese producido, no podía influir en la investigación judicial argentina”, agregó el viceministro de Justicia que sostuvo que “el acuerdo podía ser revisado” y que como hizo el poder judicial “lo declaró inconstitucional”.

“El artículo 7 decía que, una vez firmado el acuerdo, sería informado por ambos cancilleres a Interpol. El reglamento general de Interpol obliga a todos los estados a mantener informados a la organización sobre la situación de cada caso. Teníamos la obligación, tal es así que Interpol manda una carta al canciller diciendo que el acuerdo es un avance muy positivo”, apuntó.

Y por último, afirmó: “Cuando fui a la indagatoria con Bonadío me dijeron que no tenían ninguna pregunta para hacerme, cuando dije que iba a declarar, después de acusarme de traición a la patria”

A mí no me gusta hablar de lawfare, me gustaría hablar en términos más llanos. Lo que hubo en Argentina fue ni más ni menos que una feroz persecución judicial, eso es lo que denunciamos. Esta causa es el ejemplo perfecto de eso”, cerró.

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