Se opuso a través de la UIF, que en su rol de querellante aseguró que lo único que buscan los acusados es dilatar el proceso.
El Gobierno nacional se opuso al pedido de Cristina Kirchner para suspender el juicio oral por la obra pública, en donde se investiga el direccionamiento de fondos a Lázaro Báez en Santa Cruz entre 2003 y 2015.
En su rol de querellante, la Unidad de Información Financiera (UIF) mostró su descontento con el planteo de la defensa y aclaró que lo único que se busca es dilatar el debate que sentará en el banquillo a la ex mandataria, al ex ministro de Planificación Julio De Vido, al ex secretario de Obras Públicas José López y al empresario Lázaro Báez, entre otros involucrados.
“Llama la atención que siendo la realización del juicio oral y público el momento propicio para que su defendida demuestre su inocencia, se intente dilatar, de forma infundada e improcedente, su comienzo”, decía el escrito que fue entregado al Tribunal Oral Federal N° 2 este jueves.
La titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, adelantó que también se opondrán a la maniobra de los acusados. Mientras tanto, la UIF formalizó su rechazo a través de un escrito que lleva la firma de su vicepresidente, la abogada María Eugenia Talerico.
“Es claro que, por una vía inapropiada se pretende posponer la fecha de inicio del juicio oral y público y a su vez incorporar nueva instrucción suplementaria a la ya oportunamente proveída por el Tribunal. Ninguna de las dos cuestiones puede tener favorable acogida por parte de V.E., ya que, respecto de la producción de nueva instrucción suplementaria existe un recurso pendiente ante la Corte Suprema de Justicia que no suspende el curso de las actuaciones, y de la segunda, no ha logrado demostrar, como lo requiere todo planteo de nulidad, a lo largo de su presentación donde reside el perjuicio que alega, haciendo sólo una mención a la necesidad de contar con la prueba encomendada antes del debate”, afirmó.
“No existe perjuicio alguno para la defensa, por lo que hay que sostener que lo que se pretende es dilatar el inicio del juicio, lo cual a su vez atenta contra los principios de celeridad y certeza”, cerró.
