Tras el recambio en el poder, organismos de Derechos Humanos, organizaciones de la sociedad civil y colectivos de migrantes llevaron este reclamo a la Casa Rosada, donde se comprometieron a analizarlo.
A fuego lento y sin apresurarse, el Gobierno nacional tiene en carpeta algunos cambios en la política migratoria y no ve con malos ojos derogar el decreto 70 de necesidad y urgencia que firmó en 2017 el ex presidente Mauricio Macri, cuando buscaba endurecer los controles de seguridad con los extranjeros que delinquen.
Tras el recambio en el poder, organismos de Derechos Humanos, organizaciones de la sociedad civil y colectivos de migrantes llevaron este reclamo a la Casa Rosada, donde se comprometieron a analizarlo.
El documento que llegó al Gobierno, presentado por el Centro de Estudios Legales y Sociales, Amnistía Internacional y decenas de organizaciones que se agruparon a fines de diciembre, solicita que se elimine el decreto “de forma urgente”, entre otras medidas “para preservar los derechos de las personas migrantes”.
Bajo el título “Agenda Migrante para 2020”, el texto exige que que se garantice el derecho a migrar, la “igualdad de derechos entre nacionales y migrantes”, como prevé la Constitución; y que se generen las condiciones para la regularización de las personas provenientes de Estados no parte del Mercosur.
Mediante la práctica de Cambiemos se produjo un incremento sostenido en la cantidad de inmigrantes deportados de la Argentina: según el informe final de la gestión anterior, en el período 2016-2019 hubo 3 mil expulsiones, un 100 por ciento más en relación al período 2011-2015.
“Estamos revisando el decreto, evaluando la posibilidad de derogarlo”, admitieron altas fuentes oficiales. Todavía, aclaran, no hay una decisión tomada al respecto. Y nadie habla de plazos.
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Las razones son similares a las que planteó el kirchnerismo desde la oposición, cuando cuestionó la iniciativa por considerar que tenía ribetes xenófobos, vulneraba el derecho de los extranjeros; e implicaba un avance en la potestad del Ejecutivo al legislar en materia penal, algo prohibido por la Constitución Nacional.
Desde la oposición ya reaccionaron a la intención del oficialismo. “Sería un grave retroceso. El decreto agilizó los plazos, que eran excesivos y garantizó los derechos de quienes vienen a trabajar”.
