El Colegio de Abogados se presentó para acompañar al abogado de Pérez Volpin

La entidad consideró abusivas ciertas decisiones del juez en contra de los letrados de la familia de la fallecida periodista.


Ante la consideración de abusos del juez en la causa por la muerte de la periodista Débora Pérez Volpin, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal emitió un comunicado anunciado la decisión de acompañar en el juicio.

En el escrito presentado en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 8, firmado por Darío Busso de la Asesoría Letrada, se explica que el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF) se presentó en la causa por el fallecimiento de la diputada porteña y periodista Débora Pérez Volpin para acompañar al abogado Diego Carlos Hernán Pirota, al considerar que ciertas decisiones del juez en contra de los abogados de las de la fallecida resultan abusivas. Según se lee en el escrito, creen que hubo «un evidente exceso por parte del magistrado actuante».

«Este Colegio Público históricamente ha sostenido que las sanciones impuestas por los magistrados en razón del ejercicio profesional del abogado, vulneran el principio constitucional del debido proceso, de defensa en juicio y de igualdad ante la ley, siendo esta Institución el único órgano habilitado para evaluar la conducta de sus matriculados», explica el documento.

Para el CPACF «es por ello que toda lesión o degradación al ejercicio libre de la defensa importa una lesión o degradación al Estado de Derecho en sí mismo, resultando mucho más perturbador aún, que se pretenda sancionar a un letrado por manifestaciones efectuadas a través de los medios de comunicación, lo que constituye un claro exceso de jurisdicción y se asemeja demasiado a los viejos señoríos de los señores feudales sobre sus vasallos».

Y finalmente, menciona que «el Juez que sanciona, nunca puede evitar ser Juez y parte, lo que no sólo está en contradicción con el más elemental sentido de justicia constitucional, sino también convencional, puesto que resulta violatorio de tratados internacionales con jerarquía constitucional».

 

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