Es sobre el pago de $14 millones en coimas a funcionarios públicos. El expediente cuenta con 29 procesados entre empresarios y kirchneristas.
El fiscal Carlos Stornelli pidió al juez Sebastián Casanello que Julio De Vido, José López y otros 29 imputados vayan a juicio oral en la causa conocida como Skanska, el primer gran escándalo de corrupción durante la gestión K por los delitos de administración fraudulenta y cohecho.
El listado de acusados incluye al ex gerente de Fideicomisos del Banco Nación, Néstor Ulloa y a ex directivos de la empresa. Unas 23 empresas están bajo la lupa judicial ya que intervinieron en la confección de facturas truchas a través de las que se simulaban pagos ilegales. Los directivos de dichas compañías sólo fueron procesados por el delito de cohecho como coautores.
La investigación comenzó como un desprendimiento de un expediente de evasión impositiva que tenía el juez en lo penal económico López Biscayart. en el 2005. Cuando pasó al fuero federal, la causa fue cerrada en un trámite polémico por una decisión de la sala I de la cámara federal porteña bajo presiones de los K. Pese a que había un audio en el que directivos de Skanska decían que le había pagado un soborno “al pingüino de acá a la vuelta”. Stornelli apeló y en el 2015 la Corte ordenó reabrir la causa y anular sobreseimientos.
Reabierta la causa, Casanello y Stornelli indagaron la hipótesis de que Skanska habrían pagado sobornos a los funcionarios públicos y sobreprecios en el marco de las contrataciones de la ampliación del gasoducto 2005. La obra fue adjudicada a por la firma en cuestión y las acusaciones recaen también sobre el ex secretario de Obras Pública, José López, también preso en otro caso.
El objetivo de la maniobra según el informe del fiscal, era “beneficiar a la referida empresa en las contrataciones de la ampliación de los Gasoductos Norte y Sur”. En este contexto, el juez Casanello al procesarlos consignó que la licitación pública que debía realizarse como “procedimiento regular de contratación no se realizó” y por el contrario, “se modificó por un concurso privado, al cual se invitaron a unas pocas empresas”.
Así, tal como sostuvo el fiscal, el procedimiento de contratación fue un “punto significativo” a partir del cual se dio lugar “a los sobreprecios de las obras”. Así, la diferencia entre los precios presupuestados para las obras y lo pagado por todas las obras del Proyecto, se estiman ascendieron a 185 millones de pesos. Aunque las obras que se incluían en los tres contratos que obtuvo Skanska tienen un ingreso estimado en 82 millones de pesos.
Los sobornos detectados en las maniobras bajo investigación, en función del egreso que se “acreditó de la empresa”, rondarían los 14 millones de pesos.
En su requerimiento, Stornelli sostuvo que De Vido “entre noviembre de 2004 y abril de 2006 recibió dinero, en su carácter de titular del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, por parte de directivos del grupo económico Skanska”. A cambio de ello, y como contraprestación, De Vido “intervino en la selección y direccionamiento irregular del proceso licitatorio denominado “Proyecto de Expansión de Gas 2005” (vinculado a la realización de obras de las firmas Transportadora de Gas del Norte y Transportadora de Gas del Sur), mediante el cual se garantizó la selección y adjudicación del proyecto a la compañía Skanska S.A, pese a la existencia de desvíos presupuestarios”.
En esa línea “se corroboró que percibió pagos instrumentados por Mario Piantoni, Gustavo Vago, Ignacio de Uribelarrea, Javier Azcárate, Héctor Osvaldo Obregón, Eduardo Varni, Juan Carlos Bos, Alejandro Gerlero y Roberto Antonio Zareba, quienes extrajeron trece millones novecientes cuarenta y nueve mil ochocoentos veintinueve pesos con ochenta y siete centavos ($13.949.829,87) de la la filial argentina de la multinacional sueca, con el objeto de destinar, al menos parte del total, a los funcionarios públicos que intervinieron en el proceso administrativo; entre los que se encontraban, al menos, Julio Miguel De Vido, José Francisco López y Néstor Alberto Ulloa.”
La Justicia determinó que hubo marcada evidencia sobre “operaciones de facturación apócrifa”. Esta usina de facturación falsa donde participaron 23 empresas, era designada por el “cliente” y el representante de la empresa que documentaba la “provisión de servicios inexistentes, reportaba directamente a un funcionario público”.
Con información de Clarín
