Autorizan al Gobierno a subastar dos aviones de Lázaro Báez

El Tribunal Oral que lo juzga por lavado de dinero ordenó su venta porque ya fueron decomisados, no funcionan y repararlos cuesta casi 350.000 dólares.

El Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4), que juzga a Lázaro Báez por lavado de dinero en la causa de «la ruta del dinero K» autorizó al Estado a subastar los dos aviones que pertenecían al empresario.

Las maniobras de lavado de dinero por las que está preso Lázaro Báez le permitieron incrementar su patrimonio en un 45.313%, según la Justicia. En 2002, el contratista tenía 1.123.181 pesos; hacia 2012 llegó a superar los 600 millones de pesos, pero el número final para su fortuna fue de 3.021 millones de pesos.

Entre sus bienes, Báez cuenta con una flota de aviones propiedad de su empresa Top Air. Una de esas aeronaves es en la que llegó a Buenos Aires el 5 de abril de 2016, cuando quedó detenido por orden del juez Sebastián Casanello.

El fiscal ante el TOF 4, Abel Córdoba fue el primero en pedir que dos de los aviones sean subastados por el Estado Nacional y los fondos obtenidos se deposite en una cuenta a nombre del tribunal en el Banco Nación.

Se trata del Lear Jet 35 (LV-BPL) otorgada como guarda judicial al Ministerio de Seguridad de la Nación, y del Rockwell Turbo Comander 690B, que tiene la Junta de Investigaciones de Accidentes de Aviación (JIAAC).

Las dos aeronaves se encuentran sin operar por problemas técnicos y las reparaciones costarían al Estado 347.446,98 dólares.

“Si este tribunal dispone la desafectación de la suma dineraria para arreglar ambas aeronaves no solamente correría un riesgo cierto de pérdida, teniendo en cuenta el transcurso del tiempo y la utilización de las aeronaves, también se deprecia su valor hasta que se decrete su decomiso, en caso de ser procedente», fue uno de los argumentos para avanzar en la autorización.

Los aviones no son los únicos bienes que el empresario tiene cautelados. En la causa por lavado de dinero, Báez tiene un embargo de 600 millones de dólares que implica además, el congelamiento de cuentas bancarias.

 

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