Guillermo Francos y Santiago Caputo se reunieron con una comitiva de la conducción sindical a dos días de la movilización universitaria que se presume será masiva. También se sumó al encuentro Roberto Fernández, el jefe de la UTA, uno de los gremios que junto a Pablo Moyano alienta un paro del transporte para el 17 de octubre.
Por Emiliano Russo para Clarín
En otro gesto de distensión en medio de una semana que se avecina «complicada» por la marcha universitaria del miércoles próximo y el posible anuncio de un paro general del transporte, el Gobierno acordó una tregua con la cúpula de la CGT con la conformación de una mesa tripartita para avanzar también en un diálogo con el sector empresario y al mismo tiempo destrabar en un análisis técnico el diferendo existente en el articulado de la reforma laboral que castiga los bloqueos sindicales.
El encuentro se celebró en el salón de los Escudos del Ministerio del Interior, donde Guillermo Francos ofició de anfitrión y estuvo acompañado por el asesor presidencial Santiago Caputo y el secretario de Trabajo, Julio Cordero. Pese al buen clima de diálogo, no hubo definiciones concretas con temas urticantes como la financiamiento de las universidades o el conflicto con los gremios aeronáuticos por Aerolíneas Argentinas.
Se avanzó, en cambio, en la demanda cegetista para que se complete la reglamentación de la reforma laboral incorporada en la Ley Bases limitando el alcance de las sanciones impuestas a los trabajadores que participen de bloqueos. Es que la norma sancionada por el Congreso definió ese tipo de protestas como causal de despido justificado, pero el Ejecutivo optó por dejar el artículo fuera de la reglamentación ante la falta de acuerdo entre las partes.
Al respecto, Andrés Rodríguez (UPCN) dijo a Clarín que se acordó «una mesa específica para tratar este tema que, al no estar reglamentado, puede ocasionar un perjuicio muy grande, y otra (mesa) más integrada con el sector empresario para discutir otras problemáticas que hacen una relación tripartita». El jefe sindical planteó su rechazo a posibles nuevos despidos de contratos de estatales pero en el Gobierno dijeron que «moderarían» las bajas en comparación a oleadas de cancelaciones de contratos anteriores.
La delegación cegetista también estuvo integrada por los triunviros Héctor Daer y Carlos Acuña -Pablo Moyano, con una postura más confrontativa, se ausentó con aviso-, Sergio Romero (UDA), José Luis Lingieri (Obras Sanitarias), y Jorge Sola (Seguros), entre otros. «Esto es una tregua que nos conviene a todos. No hay más margen para seguir con el conflicto permanente. Se necesita dar soluciones a algunos temas que son prioritarios«, remarcó, a su turno, otro jefe sindical consultado.
A la comitiva sindical también se sumó a último momento Roberto Fernández, el jefe de la UTA, uno de los referentes de los gremios del transporte que, apalancados por el conflicto en Aerolíneas, avanzaron con la amenaza de un paro del sector para el 17 de octubre con el aval de los espacios más duros de la central obrera. El colectivero no se mostró favorable a la posible medida de fuerza, que analizará el martes 8 en el marco de la Mesa Nacional del Transporte, aunque admitió a este diario que en el cónclave de este lunes se abordaron otros temas sectoriales.
Además, participó de la reunión el dirigente Daniel Ricci, de FEDUN, que agrupa a los docentes universitarios que convocaron a la marcha del próximo miércoles en contra del anunciado veto presidencial a la ley que aumenta el presupuesto de las universidades. El dirigente le reiteró a los funcionarios la convocatoria a la protesta.
A la salida, Cordero dijo que «se negocian esquemas salariales» con los gremios pero siempre en el marco «de los esquemas que hablamos» en relación al cuidado del déficit como método para «bajar la inflación». El 7 de octubre, de hecho, habrá otra reunión paritaria con el sector luego de la celebrada la semana pasada en la que se rechazó la propuesta oficial de un 5,8% de aumento. «El 70% (del personal) gana por debajo de la línea de pobreza», apuntó el gremialista a este diario.
Durante el encuentro, que se extendió una hora y media, el jefe de gabinete estuvo acompañado por Santiago Caputo, quien también se convirtió en articulador con los jefes sindicales del ala dialoguista de la CGT de algunos acuerdos en las últimas semanas, como la reglamentación de la reforma laboral de la ley Bases o la sorpresiva ausencia de diputados del oficialismo cuando se debatía en comisión la llamada ley de democratización sindical, que busca prohibir las reelecciones indefinidas en los gremios. El integrante del «triángulo de hierro» del Gobierno fue quien llevó la conversación, según la mirada de un jefe sindical, que lo definió como «el que tiene el aval de Milei para cerrar las negociaciones».
La cita tuvo un objetivo indisimulable para el Ejecutivo: atemperar el ímpetu confrontativo de los gremios del transporte y de un sector alineado al kirchnerismo que busca hacer sentir en la calle el malestar social por el aumento inusitado de la pobreza y la embestida del Gobierno contra empresas públicas, como AR. En relación a este último tema, los jefes gremiales se fueron sin una respuesta. «No quedó claro si quieren privatizar o arreglar los salarios» de los aeronáuticos, indicó un gremialista consultado
Desde el sindicalismo hicieron hincapié también en el histórico planteo por la devolución de los fondos de las obras sociales. Al respecto, pidieron una audiencia con el flamante ministro de Salud, Mario Lugones, para tratar este tema y la compra de medicamentos complejos de alto costo que ponen en jaque las arcas de las prestadoras de salud sindicales.
